Congreso del Estado de México Analiza Iniciativa Para Fortalecer la Protección de la Hacienda Pública Municipal

TOLUCA, Estado de México. – La Congreso del Estado de México dio trámite a una iniciativa que busca fortalecer la protección de la hacienda pública municipal mediante mayores controles, corresponsabilidad institucional y mecanismos de continuidad administrativa en las tesorerías municipales.

La propuesta fue presentada por el diputado Javier Cruz Jaramillo, del grupo parlamentario de Morena, y leída en sesión de la Diputación Permanente por el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT).

Entre los principales planteamientos, la iniciativa propone ampliar los requisitos para ocupar la titularidad de la Tesorería Municipal y establecer que su nombramiento y remoción requieran mayoría calificada de los cabildos, equivalente a las dos terceras partes de sus integrantes, con el objetivo de reforzar la gobernanza financiera y prevenir riesgos al patrimonio municipal.

El proyecto de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México también contempla la creación de un régimen de corresponsabilidad para las personas integrantes del ayuntamiento que intervengan en decisiones que comprometan la hacienda pública, así como la definición de medidas cautelares y consecuencias jurídicas ante irregularidades financieras relevantes.

Asimismo, se plantea incorporar la figura de una persona encargada de despacho en casos de separación provisional o remoción definitiva de la persona titular de la Tesorería, a fin de garantizar la continuidad administrativa y el manejo ordinario de los recursos municipales, con facultades limitadas y bajo supervisión del ayuntamiento.

La iniciativa establece como requisitos adicionales la acreditación de evaluaciones técnicas y de confianza, un dictamen de idoneidad financiera, la presentación de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, así como la comparecencia pública ante el cabildo para exponer el perfil profesional y plan de trabajo.

De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta no busca criminalizar conductas, sino fortalecer un modelo institucional de prevención, control y responsabilidad, respetuoso del debido proceso, que permita proteger de manera efectiva la hacienda pública municipal en beneficio de las comunidades.

El proyecto legislativo prevé que, de ser aprobado por el Pleno, sus disposiciones entren en vigor a partir del 1 de enero de 2028 y sean aplicables a las personas designadas a partir de esa fecha, coincidiendo con el inicio de la próxima administración municipal.