TOLUCA, Estado de México. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejercitó acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo.
De acuerdo con la institución, tres personas identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” fueron detenidas, mientras que se cuenta con órdenes de aprehensión vigentes contra dos masculinos más, señalados como posibles participantes. Asimismo, se solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de la alcaldesa, quien es investigada por el delito de simulación de secuestro.
Según la denuncia presentada, la funcionaria habría sido privada de la libertad cuando se encontraba al exterior de su domicilio; posteriormente, se reportó que logró escapar y pidió auxilio. No obstante, tras diversos actos de investigación, la Fiscalía señaló que existen elementos que apuntan a que los hechos pudieron haber sido planeados con antelación y ejecutados sin el uso de violencia física.
Entre las diligencias realizadas se incluyen entrevistas ministeriales, análisis de comunicaciones telefónicas, revisión de videograbaciones y seguimiento del desplazamiento de un dispositivo móvil presuntamente utilizado durante los hechos. En este contexto, las autoridades indicaron que las imágenes de videovigilancia no muestran actos de forcejeo o sometimiento, y que el traslado de la presunta víctima habría ocurrido de manera simulada.
La Fiscalía también informó que se investiga la posible exigencia de un pago de hasta 40 millones de pesos, presuntamente con la intención de justificar un faltante de recursos públicos.
Por ello, se dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que determinen lo conducente en el ámbito de sus atribuciones.
Los imputados podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, de acuerdo con la legislación vigente, mientras que, en el caso de la servidora pública, la ley contempla sanciones administrativas y penales diferenciadas. (Redacción)
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