Arleth Grimaldo Busca Mayores Sanciones por Incendios Forestales y Protección de Suelos Afectados

*La iniciativa plantea considerar como delito grave el incendio forestal en determinados supuestos y elevar las penas cuando exista riesgo para la vida humana, afectación a Áreas Naturales Protegidas o se presuma una finalidad de cambio de uso de suelo.

*También propone impedir que terrenos afectados por incendios sean destinados posteriormente a proyectos urbanos, habitacionales, comerciales o industriales.

TOLUCA, Estado de México. – La diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXII Legislatura, presentó una iniciativa para fortalecer el marco jurídico del Estado de México frente a los incendios forestales, mediante reformas al Código Penal, al Código para la Biodiversidad y al Código Administrativo de la entidad.

La propuesta parte de la necesidad de atender no solamente el daño ambiental que provocan estos siniestros, sino también los riesgos que representan para la vida, el patrimonio de las personas, los recursos naturales y las comunidades ubicadas cerca de zonas forestales. El documento señala que, durante 2026, el Estado de México registró 329 incendios forestales, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal citada en la iniciativa.

Uno de los principales planteamientos es considerar como delito grave el incendio forestal previsto en el Código Penal estatal y establecer una pena de 10 a 15 años de prisión, además de una sanción económica de tres mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización, cuando la conducta se realice dentro de un Área Natural Protegida, exista riesgo para la vida humana o se presuma que tuvo como finalidad modificar el uso de suelo.

La iniciativa también propone mayores consecuencias para las personas servidoras públicas que autoricen, faciliten o consientan indebidamente cambios de uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas, zonas de valor ambiental o terrenos afectados por un incendio forestal durante los 30 años anteriores. En esos casos se plantean penas de 15 a 20 años de prisión, sanciones económicas, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En materia ambiental, la propuesta establece que los suelos afectados por incendios deberán someterse obligatoriamente a acciones de restauración, recuperación y conservación, además de prohibir cambios de uso de suelo que sean contrarios a su vocación ecológica. También plantea que las autoridades se abstengan de autorizar dichas modificaciones en terrenos incendiados, Áreas Naturales Protegidas, reservas ecológicas y zonas de valor ambiental.

Asimismo, se propone impedir que terrenos afectados por incendios forestales sean utilizados posteriormente para fines habitacionales, comerciales, industriales o de servicios. Las autorizaciones excepcionales quedarían limitadas a proyectos de restauración ecológica, conservación ambiental o aprovechamiento sustentable, bajo criterios específicos y con infraestructura de bajo impacto.

Con estas modificaciones, la iniciativa busca reforzar simultáneamente la prevención, la sanción de conductas relacionadas con incendios forestales y la protección posterior de los terrenos afectados, con el propósito de evitar que el fuego pueda convertirse en una vía para modificar su vocación ambiental. (Redacción)